Desde la época de los 70 e inicios de los 80, en Venezuela comenzaron a formarse bandas delincuenciales alrededor del tráfico de drogas (marihuana, cocaína, bazuco, crack y anfetaminas) traídas desde Colombia. Estas bandas estaban conformadas aproximadamente entre 10 ó 15 sujetos: el que la transportaba, el que la guardaba, los distribuidores, los jíbaros y los vigías para alertar sobre la presencia policial. Fue evidente el despliegue de estas bandas en La Pastora, los bloques 50, 2, 9 y 37 del 23 de Enero, el bloque 4 de Propatria, así como el bloque 11 de Lomas Urdaneta, Pinto Salinas y los distribuidores de la calle Los Manolos en Sabana Grande. Estos grupos generaron una especie de economía subterránea, ejercieron violencia para controlar el territorio donde operaba su negocio y evitaban crímenes atroces para no atraer a las fuerzas policiales.
Estos núcleos criminales serían el embrión de las organizaciones que existen actualmente (El PRANATO), caracterizadas por una violencia exacerbada y retadora de la fuerza pública. Ellos, de manera planificada y con un alto poder de fuego, no solo asesinan a funcionarios sino que están desplazando al liderazgo político y social, con la amenaza de atentar contra su vida y de sus familiares, argumentando que nuestros militantes son informantes de los organismos de seguridad del Estado, además de apoyar y aupar, operaciones policiales en su contra. Casos como estos han ocurrido en Ciudad Belén (Estado Miranda), El Guarataro, El Cementerio y la Cota 905 (Caracas).
Agréguese que, la desmovilización paramilitar ocurrida en Colombia entre el período 1995 y 2005, provoco que muchos de estos criminales se instalaran en Venezuela y con ellos sus métodos violentos, trayendo como consecuencia la emulación de esas prácticas delictivas por jóvenes venezolanos, quienes estructurando peligrosas bandas de tráfico de drogas, incorporaron otras modalidades delictuosas mucho más lucrativas: el secuestro express y el delito de extorsión, generándoles ingresos monetarios sólidos. Estos delincuentes y líderes paramilitares, con amplio poder de fuego, dominio territorial y una fortuna como capital, al ser detenidos, hicieron de las cárceles centros de operaciones del crimen organizado, en complicidad fundamentalmente de seudos funcionarios penitenciarios y Guardias Nacionales. Este híbrido: cultura paramilitar, células criminales, complicidad institucional, erradas políticas penitenciarias y de seguridad, dio origen a EL PRANATO.
Recuérdese por ejemplo, las llamadas pernoctas en los centros penitenciarios. Ellas resquebrajaron la disciplina y los controles establecidos, comenzó a generarse una serie de prácticas no propias de un centro de reclusión o rehabilitación y, cuando se trató de imponer controles, se desarrollaron un conjunto de acciones familiares e individuales (huelgas de hambre, bocas cosidas, asesinatos masivos y auto-secuestros familiares), obligó a recular las acciones institucionales, dejando en entredicho la autoridad del Estado.
Luego de doblegar al Estado, estos sujetos hicieron de esos espacios (resguardados y custodiados por la institucionalidad) su trinchera y de su condena un gran negocio. Sin embargo, es necesario señalar el positivo trabajo que viene realizando la actual ministra de Asuntos Penitenciarios, logrando que en 90% de los centros se haya restablecido la disciplina interna, cero armas, control sobre las comunicaciones internas, y puesto a la orden de los tribunales ordinarios y de justicia militar a un número importante de funcionarios, civiles y militares, incursos en corrupción y complicidad con los internos. No obstante, es público y notorio que desde Tocorón, La Penitenciaria General de Venezuela (PGV) y Puente Ayala se dirige un número importante de delitos en articulación con las bandas a cielo abierto. En este orden, urge retomar las recomendaciones expuestas a mediados del 2015, desde la Comisión Presidencial para la Trasformación del Sistema Policial: Inhibidores de señales en todos los centros, eliminar privilegios a estos criminales y aislamiento en cárcel de máxima seguridad a sujetos alta peligrosidad.
Además, debe hacérsele seguimiento al circulante monetario y financiero de los jefes de bandas, precisarse quiénes son sus testaferros, incautar cuentas bancarias, bienes e inmuebles. Trabajo que pueden realizar Sudeban, Fiscalía General de la República y Organismos de Inteligencia Financiera; para ello, solo se requiere voluntad institucional, patriotismo y amor por el prójimo.
Freddy Bernal Rosales
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