El controvertido plan piloto abría la puerta a reactivar un método que llevaba suspendido desde el año 2017 por profundos motivos sanitarios y ambientales.
Un juez del departamento colombiano del Putumayo frenó este viernes un plan piloto de fumigación, impulsado por el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, destinado a erradicar cultivos ilícitos en el país debido a los efectos nocivos que acarrea el proyecto para poblaciones campesinas y el medio ambiente.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, municipio situado al sur del país, tras conceder una medida provisional solicitada en una acción de tutela interpuesta por un ciudadano.
El fallo ordena la suspensión inmediata de cualquier actividad de aspersión aérea dentro de la jurisdicción departamental.
El controvertido plan piloto abría la puerta a reactivar un método que llevaba suspendido desde el año 2017 por profundos motivos sanitarios y ambientales.
Específicamente, el proyecto gubernamental contemplaba el uso de glufosinato de amonio, un herbicida que actualmente no se encuentra permitido en la Unión Europea y que es catalogado como moderadamente peligroso por la Organización Mundial de la Salud.
De acuerdo con la información oficial proporcionada en su momento, la iniciativa pretendía desplegar una fase experimental controlada, limitada, temporal y ejecutable mediante aeronaves tripuladas para intervenir hasta 1.000 hectáreas en un periodo operativo de hasta siete días calendario.
El Consejo Nacional de Estupefacientes había justificado la medida argumentando que no se trataba de una reactivación generalizada, sino de un esfuerzo para obtener evidencia científica sobre la eficacia del herbicida, la precisión de las aplicaciones y el impacto de la deriva del producto.
Sin embargo, esta resolución judicial revive el debate histórico sobre las estrategias de seguridad en Colombia, recordando que la aspersión con glifosato fue suspendida inicialmente en 2015 y luego vetada definitivamente en 2017 por la Corte Constitucional, obligando al Estado a centrarse en la erradicación manual y la sustitución voluntaria hasta el reciente anuncio de retomar estas prácticas bajo la administración actual.
Fuente: teleSUR – Agencias / 12.09.2026 / Foto Internet
