Aplicando el principio del internacionalismo que nos mueve a los revolucionarios y revolucionarias, debo referirme a la situación del hermano pueblo colombiano, y a las recientes denuncias formuladas por el presidente de ese país hermano, el compañero Gustavo Petro.
Recientemente el mandatario de la nación neogranadina denunció que en su país se está fraguando una ruptura institucional, y lanzó esa advertencia no solo a Colombia sino al mundo entero.
“Los amigos de la impunidad aterrorizados por la verdad no están pensando en elecciones sino en una ruptura institucional”, denunció el primer mandatario y jefe de Estado colombiano.
Estas denuncias fueron hechas durante un evento de adquisición de predios por parte de la ANT en el municipio de San Marcos Sucre, y luego de que ese mismo día, el coronel retirado del ejército y ex presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), John Marulanda, en conversaciones con la emisora W Radio, se refiriera a la posibilidad de expulsar al actual presidente de la República de Colombia de su cargo.
Importante es destacar que el pasado 10 de mayo, militares retirados y miembros de la Reserva Fuerza Pública de Colombia (policías) se reunieron en contra de las reformas del presidente Gustavo Petro. Cabe recordar que la oferta electoral que llevó a Petro a convertirse en el nuevo inquilino del Palacio de Nariño, fue de modificar los sistemas de salud, de pensiones y laboral en ese país.
Esta reunión de oficiales se da en el marco de todo un conjunto de manifestaciones que viene registrándose en Colombia, por lo menos desde febrero del presente año, antes de que el Congreso comenzará a debatir la reforma del sistema de salud, y aun cuando el Ejecutivo de acuerdo a las informaciones, no ha presentado formalmente el resto de las propuestas, el presidente Petro, ha llamado al pueblo a defenderlas ante el amplio debate que se avecina tanto en la opinión pública como en el propio Congreso, donde aunque el Ejecutivo nacional tiene la mayoría; sin embargo, han surgido “voces críticas” entre sus aliados.
El gobierno de Petro, pretende modificar el sistema de salud colombiano que, durante 29 años ha sido uno de los que cuenta con la mayor intermediación de privados y en los que el Estado colombiano no ejerce control sobre el mismo.
Actualmente, quienes tienen un trabajo formal en Colombia contribuyen junto con el empleador con un 12,5% del salario que devenga el trabajador a financiar un fondo que financia la salud de los que pagan y de los que no, se les subsidia, llegando a una cobertura del 90% de la población. Pero el sistema no es equitativo, primero porque este fondo gira los recursos a las Entidades Promotoras de la Salud (EPS), que son privadas, para que sean ellas las que contraten la red de instituciones prestadoras del servicio de salud, es decir, clínicas u hospitales; y en segundo lugar, porque no menos de 600 municipios en Colombia carecen de puestos de salud en su zona rural. Mientras, que en las grandes ciudades hay clínicas de alto nivel.
La reforma de Petro propone que el dinero ya no sea girado a las EPS sino directamente a los hospitales para eliminar la intermediación. Es decir, que los recursos pasen a ser de manejo público. Las EPS estarán vigentes durante la transición (cuyo plazo está por definir) y luego podrían continuar durante el nuevo modelo, pero prestando servicios médicos, no administrándolos. El gremio advierte que la reforma terminaría por “destruirlas”.
La reforma del sistema laboral aún está en construcción, pero el gobierno de Petro, asegura que la actual estructura productiva de ese país no asegura suficientes oportunidades de trabajo, y cuando lo hace son empleos de baja calidad. Petro, propone la modificación de la jornada laboral, hasta las seis de la tarde. Esto porque actualmente en Colombia, la jornada laboral diurna es desde las 6:00 am hasta las 9:00 pm y de allí en adelante es considerada nocturna.
El cambio planteado por Petro, acarrearía que los patronos las empresas deben pagar más horas extra, así como la propuesta de que el sábado deje de ser un día laboral. Además, del aumento de las recargas los días domingo que se laboren.
Se ha planteado la modificación de las modalidades de contratación para que sean priorizadas las que estén a tiempo indefinido y no las que están a tiempo determinado, para desarrollar obras específicas como obras civiles o cosechas. Además de ello, se ha propuesto formalizar a la mayoría de trabajadores del sector público que suelen tener contratos por prestación de servicios; una modalidad en la que el empleador no les garantiza vacaciones o aportes al sistema de Seguridad Social y pueden durar tan solo unos meses.
En el tema del sistema de pensiones, Petro, se ha propuesto adelantar una reforma a fin de otorgar una renta básica de medio salario mínimo (100 dólares) a quienes no alcanzaron a tener una pensión y, para ello, requiere de una gran cantidad de que los aportes de los trabajadores y trabajadoras vayan a la estatal Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
Actualmente está dividido en dos: estatal y el de ahorro individual, que es administrado por fondos privados. Los trabajadores pueden elegir a cual van a destinar sus aportes. En el público el dinero va a un fondo común y luego es repartido entre los jubilados del sector público. Sin embargo, el Estado debe subsidiar una gran parte de la pensión, siempre y cuando el trabajador o la trabajadora hayan aportado 1.300 semanas, y, en el caso de las mujeres, tengan 57 años de edad, y 62 en el caso de los hombres. En el fondo privado, en cambio, las personas tienen una cuenta de ahorro individual y al aportar 1.150 semanas pueden jubilarse, pero no reciben el subsidio del Estado por lo que las pensiones suelen ser más bajas.
Con el nuevo sistema, el gobierno de Petro, pretende que quienes tengan ingresos de hasta cuatro salarios mínimos estén obligados a cotizar en Colpensiones (el fondo común) y solo quienes reciban ingresos adicionales a ese monto podrían hacer los aportes a los fondos privados de pensiones, que con la eventual reforma quedarían bastante disminuidos.
Pero, volviendo al punto de la movilización de militares y reservas policiales, el día siguiente cuando Marulanda declaraba para W Radio, aseguraba de que dicha movilización era la prueba de que Colombia está siguiendo “los pasos de Perú”, argumentando que en el caso del país inca, las reservas fueron fundamentales para lograr “defenestrar a un presidente corrupto” al referirse a Pedro Castillo. Enseguida, el militar en situación de retiro agregó: “Aquí vamos a tratar de hacer lo mejor para defenestrar a un tipo que fue guerrillero”, haciendo clara alusión al actual mandatario colombiano y a sus antigua militancia con el M-19.
Por ello, el presidente colombiano, en la plataforma Twitter indicó: “Ocultan judicialmente lo que la sociedad ya sabe: la corrupción enorme en el Estado, y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda”, en clara alusión a los gobiernos del pasado en ese país.
También, se preguntó el jefe de Estado colombiano si la Fiscalía General de la nación investigara las declaraciones de Marulanda, al sugerir que se estaría planeando un Golpe de Estado contra él.
Estas aseveraciones también fueron formuladas por el presidente Petro debido al reciente impase que tuvo con el Fiscal General de la nación, Francisco Barbosa, ya que, el primero le solicitó al segundo toda la información sobre el asesinato de 200 ciudadanos y menores de edad y el papel del narcotraficante “Ñeñe” Hernández, en la comisión de este delito de lesa humanidad.
La respuesta del Fiscal General fue llamar al jefe de Estado colombiano dictador, de no darle la información requerida, y aunque no conozco el texto de la Constitución colombiana aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente en 1991, presumo que si bien podría alegarse el principio de “separación de los Poderes”, no es menos cierto que también en todas las constituciones modernas hay un principio de colaboración entre los poderes públicos. He interpreto que el requerimiento del presidente Petro, iba en ese sentido no por apartarse de la Constitución o subordinar a la Fiscalía de la nación colombiana a sus designios.
Pero el impasse trascendió hasta el punto que el presidente de la Corte Suprema de Justicia colombiana, el magistrado Fernando Castillo Cadena, manifestó su inquietud por las declaraciones de Petro al Fiscal General, reprochándole su “errada interpretación” de los artículos 115 y 251 de la Constitución colombiana.
Además de ello, la Corte Constitucional de Colombia también tercio en dicha polémica, al responderle al presidente Petro. El magistrado José Fernando Reyes, vicepresidente de este alto tribunal, sin mencionar al jefe de Estado, refutó las afirmaciones de éste por su enfrentamiento con el Fiscal General, señalando “la justicia de Colombia es decente, y es decente toda” y lo expresó sentado al lado del actual ministro de justicia de Colombia, Néstor Osuna.
Cabe recordar que uno de los primeros incidentes y prueba de fuego que tuvo que afrontar Petro, fue el mismo día de su toma de posesión como presidente, el 7 de agosto de 2022, cuando el ex presidente Iván Duque montó su show al tratar de impedir el traslado de la espada de Bolívar a la ceremonia de toma de posesión del primer presidente de izquierda con el que cuenta Colombia. Petro, dio una orden tajante al jefe de la Guardia de Honor Presidencial colombiana, ante este desafío a su investidura, a su autoridad, por el que dicho acto estuvo suspendido hasta una hora. Luego de que finalmente dicha espada fue trasladada hasta el sitio donde se encontraba el hoy primer mandatario colombiano.
La segunda decisión de envergadura que tomó el presidente Petro, una vez instalado en el Palacio de Nariño y que juramentó a los ministros de su gabinete ejecutivo, fue la sustitución total de la cúpula militar que había en ese entonces en Colombia. Otra sabía decisión tomada por el jefe de Estado colombiano.
Luego en la misma entrevista a W Radio, Marulada señaló: “Yo creo en el presidente actual. Todos hacemos votos por la democracia. Hablé de Castillo, no me refería al presidente de Colombia”. Indicó el ex presidente de Acore aclarando que no desconocía la autoridad de Petro, haciendo abiertamente “control de daños”.
Y luego Marulanda mencionó que los miembros de las reservas activas no buscan defenestrar al mandatario.
Por eso, es que en estos momentos Colombia está en el marco de un “Golpe Blando” pero que puede terminar en un “Golpe Duro”. En esta primera parte el eje transversal de la conspiración a Petro la manejan los medios de comunicación y la “crítica constante” para no dejar gobernar: “desprestigia y luego desestabiliza” como prólogo de los Golpes de Estado, los “Golpes Duros”.
Los gremios como nunca haciendo lobby en el Congreso para impedir las reformas planteadas por Petro.
La derecha parlamentaria en la oposición cerrada a impedir que pasen los proyectos de ley que beneficien al pueblo colombiano y se traduzcan en justicia social.
La derecha recurre y hace demostración de su poder de convocatoria y de movilización con manifestaciones y acciones de calle, incluso llevando alguna de su gente armada.
Es pues, en ese sentido, que debemos reconocer, si aplicamos las categorías marxistas a lo que en estos momentos ocurre en Colombia, que la derecha en ese país es más leninista que la izquierda, ya que, en estos momentos pretende combinar todas las formas de lucha.
Lo del 10 de mayo no fue una simple manifestación del descontento de un grupo de militares y policías, sino un anuncio de que tienen a la reserva activa de cuerpos policiales, de que tienen las armas en su poder y que son la punta de lanza, junto con militares activos para lanzar cuando así lo estimen más convenientes a sus intereses, un “Golpe Duro”.
A Colombia se le aplica en estos momentos una estrategia bifronte, como la diosa Juno con sus dos caras. A nueve meses de la llegada de Petro al Palacio de Nariño, el lobo fascista e imperial comienza a mostrar sus orejas y usando el “Poder Blando” y el “Poder Duro”.
Por ello, es que el presidente Petro, ante el fracaso de su coalición partidista que lo llevó al gobierno, piensa en el pueblo, y apela a él, y por eso su discurso desde uno de los balcones del Palacio de Nariño el pasado 1 de mayo y lo dijo abiertamente: “Si la institucionalidad se niega a que estas reformas sean implementadas, le abren el camino a que ocurra una verdadera Revolución en Colombia”. Parte del fracaso de esa coalición partidista es por algunos elementos de derecha que se incluyeron en la alianza con Petro para que éste pudiera ganar el año pasado en la segunda vuelta. Por eso, en una primera etapa, se apoyó más de esta coalición variopinta para tratar de garantizar la gobernabilidad y en nombre de la Unidad Nacional, que en las fuerzas populares.
No obstante, con el recambio ministerial reciente, vuelve a jugar y a puerta cerrada busca pactar nuevamente con su coalición partidista, por encima de lo prometido ese día de apoyarse más en el pueblo.
Hasta ahora no ha habido ninguna medida real del gobierno fuera del anuncio de apoyarse en el pueblo. Petro, no ha avanzado más en ese sentido y debe cuidarse y no permitir que lo hagan prisionero del ritmo que le impongan los partidos de su coalición en el Congreso.
Si el gobierno avanza por la senda del pacto con los partidos y rompe las líneas rojas que se ha impuesto, y cede ante la presión de estos, quedará defenestrado y pierde peso político y en grado de debilidad total.
Petro, dentro de su gestión ha combatido duramente el narcotráfico y ha comenzado a cerrarle rutas. Eso tiene muy molestos a los capos de la droga en un país donde ellos tienen dominio de importantes instituciones del Estado. Y son los que están financiando tanto su derrocamiento como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Oportunamente me referiré con detalles sobre este punto poco tratado.
Al igual, que en Venezuela cuando los inicios de Chávez y luego con Maduro, el alto costo de la vida en Colombia se dispara y tiene como detonante el aumento de la gasolina. Por eso, para saldar este déficit, desde el mes de octubre de 2022 se inició un incremento progresivo y agresivo de 200 pesos por galón de gasolina incrementándose a 600 en mayo de 2023, en loca carrera hacia los $16.000 por galón. Es una repetición de la receta de gobiernos anteriores, que más temprano que tarde, luego de llegar a la meta del precio de la gasolina, seguirá con el precio del ACPM, como lo ha anunciado Ministerio de Hacienda, copando a todos los vehículos que transportan bienes de consumo popular e insumos industriales.
El gobierno está entre un pueblo que puede volver a salir a la calle, en estallido social, pues las causas del levantamiento anterior no han sido resueltas, ante las medidas de aumento de la gasolina, impacto de la ola invernal y hambre y la presión de la derecha para no dejar pasar las reformas.
Es difícil el panorama que le toca sortear a Petro. Y significa que “la luna de miel” de su gestión gubernamental se ha acabado.
Y como la espada de Bolívar está caminando nuevamente por la América Latina. Desde acá estaremos muy pendientes de lo que ocurra en nuestra hermana República.
¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
Elaborado por: Juan Martorano Castillo / 22.05.2023
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