La ciudadanía en su gran mayoría, incluso aquella que no es afecta a la Revolución, exige justicia. Cualquier asomo de impunidad en la violación de la paz y los derechos fundamentales consagrados en la CRBV es una amenaza a la estabilidad actual y futura. No puede haber concesiones de ningún tipo al respecto. Digo esto último porque ya, algunos vocingleros derechistas, cómplices o miembros de la parapolítica, pretenden alegar que existe «persecución política» hacia algunos guarimberos procesados, así como a los alcaldes que se prestaron a brindar apoyo abierto a las acciones criminales de calle, procurando dar cobertura a los responsables intelectuales.
Sin duda, personajes de la burguesía, poderosos terratenientes, mafiosos y contrabandistas, financiaron la organización y logística armada que caracterizó el paramilitarismo presente en las barricadas supuestamente espontáneas, aterrorizando por más de un mes a la población. La articulación con factores injerencistas extranjeros que llegó hasta la OEA, donde el plan fue derrotado de manera aplastante en dos ocasiones, develó la coordinación de más alto nivel de la conspiración. Estamos obligados a llegar al fondo del asunto, estableciendo los nexos financieros y determinando las madrigueras que albergan futuras amenazas. La contrarrevolución nuevamente está perdiendo la batalla, pero seguirá en pie de guerra contra las fuerzas bolivarianas.
En resumen, la justicia que imponen las Leyes debe hacerse efectiva al máximo como garantía de estabilidad. A la par, los revolucionarios debemos profundizar la unidad cívico-militar, cerrando filas junto al Presidente Maduro y fortaleciendo el Poder Popular. El fascismo está ahora aislado y maltrecho, pero allí sigue, vivito y coleando.
